¿SI O NO A LA PROTECCIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS VENDEDORES INFORMALES?

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En Colombia se estima que hay más de 10 Millones de personas que viven de las ventas informales, es decir el 49% de la población económicamente activa. Estos ciudadanos, en su mayoría, no tienen seguridad social pese a que comercializan productos de reconocidas marcas de empresas multinacionales.

Una cifra que aún genera más preocupación es que de los 6 millones de personas que tienen más de 60 años en el país, 3,5 millones no cuentan con una pensión y se les ve por las calles utilizando la venta informal para su sustento diario.

Esta realidad fue denunciada en una audiencia pública y en un debate de control político por la Representante Liberal Olga Lucía Velásquez, eventos que se llevaron a cabo en el Congreso de la República. Pidió al gobierno investigar a estas empresas que ganan millones de pesos a diario pero que no garantizan la seguridad social de sus vendedores, pese a que están uniformados y cumplen horarios de venta:

“La discusión sobre vendedores ambulantes no debe ser sólo en el derecho al trabajo o el espacio público, también debemos preguntarnos si esta población tiene salud o tendrá pensión. Las multinacionales que ocupan el espacio público deben garantizar la seguridad social de quienes distribuyen sus productos” dijo la congresista.

 Velásquez presentó un estudio que dio como resultado una clasificación de vendedores informales en cinco categorías:

  1. Vendedores con distribución de productos importados y nacionales a precios que generan competencia desleal.
  2. Vendedores que tienen la distribución de productos de multinacionales con uniforme, dotación y publicidad de la marca sin seguridad social.
  3. Vendedores que preparan alimentos sin control sanitarios.
  4. Vendedores de subsistencia de dulces y empaques diarios.
  5. Vendedores de unidades productivas con líneas de distribución exclusivas en calle.

Esta clasificación y las denuncias hechas por la congresista hicieron eco en el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Trabajo se anunciaron investigaciones y sanciones. El viceministro de esa cartera, Enrique Borda, dijo que se deben garantizar los derechos a esta población, “el Ministerio de Trabajo está dispuesto no sólo a recibir las quejas de los vendedores ambulantes, sino a adelantar las inspecciones que sean del caso para imponer las sanciones a las empresas que no estén respetando los derechos laborales de quienes trabajan para ellas, así sea en la vía pública.”

Pero el Ministerio del Trabajo no fue el único que puso la lupa en estas denuncias, el Director de la Dian, Santiago Rojas también afirmó que las empresas que estén vulnerando los derechos de los vendedores informales serán sancionadas.

Todos coincidimos en que lo que se necesita es que los vendedores ambulantes, respetando el espacio público, puedan tener una oportunidad laboral con seguridad social y que las empresas que los contratan cumplan con sus obligaciones tributarias, cumplan con sus obligaciones de seguridad social para formalizarlos. Cada vez que haya denuncias la DIAN actuará como corresponde” dijo el funcionario.

Se concluyó que la informalidad no es una problemática solo de Bogotá, es de todas las capitales del país y requiere del Gobierno Nacional para su solución, además, éste debe asumir la responsabilidad de la regulación y el equilibrio entre el derecho al goce del espacio público y el derecho al trabajo digno.

El Gobierno Nacional en conjunto con los gobiernos locales deben fortalecer las alternativas de ocupación del tiempo y la generación de ingresos para la subsistencia de los adultos mayores, especialmente aquellos que no tienen redes familiares, ni pensión, es necesario que los jóvenes tengan alternativas de educación profesional, técnica y formación para el trabajo, que les facilite su desarrollo laboral y no vean en la informalidad su proyecto de vida.

Y por último, que todas las autoridades nacionales y locales deben hacer control a las multinacionales, que han tomado el espacio público como escenario de distribución, comercialización y venta de sus marcas y productos sin pagar un solo peso en la seguridad social de sus vendedores.

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