DEFENSA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

 

Por: Gustavo Cote, Exdirector de la DIAN

Cuando se legisla en relación con la economía solidaria, no puede perderse de vista que se trata de un amplio sector que cumple un papel trascendental en la sociedad colombiana. A diferencia de las empresas comunes y corrientes que no las mueve sino el lucro individualista de sus socios, las entidades del sector solidario por definición legal son sin ánimo de lucro y se constituyen por la voluntad de quienes deciden agruparse para desarrollar un trabajo asociativo con prácticas movidas por la autogestión y la solidaridad, la propiedad asociativa de los medios de producción, la formación de sus miembros y el servicio a la comunidad. Sus miembros son al mismo tiempo aportantes y gestores y buscan como, lo indicó el legislador: “Producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y aportar al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general” (Art.6, Ley 454 del 1998)

Por ello, la misma Ley declara: “De interés común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.” (Art.3, Ley 454 del 1998)

El Informe de la Comisión de Expertos Tributarios, en contra de estos mandatos, propuso para las cooperativas, en el impuesto sobre la renta, un tratamiento similar al de las sociedades comerciales. Esta pretensión no fue atendida por el Gobierno Nacional. El proyecto de ley de reforma impositiva las incluyó en el ámbito del Régimen Tributario Especial (RTE) pero, con la redacción de algunas de sus propuestas, desvirtuaba la naturaleza de la economía solidaria al no distinguirlas de las Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro (ESAL). Para los Fondos de Empleados el Proyecto planteó mantenerlos como no contribuyentes de este tributo de la misma manera como venían operando.

Afortunadamente, los líderes gremiales del sector encontraron en la Representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, que integró el grupo de ponentes, el eco necesario para proteger en este ámbito la aplicación de los mandatos constitucionales mencionados.

Su tarea en el trámite del proyecto no fue nada fácil. En los debates, varios obstáculos impedían los ajustes plateados con miras a subsanar las deficiencias en contra de las cooperativas. De un lado, los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en ocasiones, tal vez por desconocimiento del detalle del sistema tributario colombiano, persistían en mantener los textos iniciales y, de otro, algunos parlamentarios se presentaron como férreos enemigos de las organizaciones solidarias, atacándolas incluso con epítetos inapropiados.  No obstante, lo anterior, el trabajo individual serio, juicioso y persistente de la Representante Olga Lucía Velásquez, incluso a costa de su propio capital político, permitió llevar a feliz término la materialización de las normas que recogían un tratamiento especial para el sector.

Al final, lo aprobado dispuso que, a diferencia de las ESAL, las  cooperativas pertenecen al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta por disposición directa de la Ley y sin necesidad de “calificación” de la DIAN; al igual que como ocurría antes, sus excedentes fiscales se determinan de acuerdo con la normatividad cooperativa y se gravan a la misma tarifa del 20% tomado del Fondo de Solidaridad y Educación; si bien el impuesto será cancelado al Estado con destino a la educación superior pública, durante los años 2017 y 2018 las cooperativas deberán invertir en dicho sector, de manera autónoma,  lo correspondiente al 10% y 5%, respectivamente y pagarán a la DIAN el porcentaje restante. No les aplica la renta presuntiva, la comparación de patrimonios ni el anticipo del impuesto sobre la renta. Sólo estarán sometidas a retención en la fuente por rendimientos financieros y se les exonera del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA, el ICBF y de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud correspondientes a los trabajadores con menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tienen reglas propias para dejar de pertenecer al RTE. De las normas que rigen el RTE para las ESAL, sólo les serán aplicables dos normas del E.T.: la cláusula de general para evitar la elusión fiscal y la que obliga a hacer un registro en la página WEB de la DIAN para imprimir transparencia al sector. En relación con los Fondos de Empleados, se consideran no contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios

Todo lo anterior denota un resultado satisfactorio para la economía solidaria. Hacia el futuro, sus organizaciones tienen el compromiso de demostrar al país que merecen este tratamiento preferencial y, para mantenerlo, deben rodear a sus líderes gremiales y mantener dolientes en el Congreso de la República para su defensa.

 

 

Nos encantaría recibir sus comentarios y sugerencias para que sean publicados en el siguiente número, así que por favor escribanos www.olgaluciavelasquez.com

COMENTARIO (1)

  1. Victor Hugo Ruda Burgos
    6 junio, 2017

    A pesar de estar la economía solidaria dentro del sistema capitalista q gobierna nuestra economia… es necesario seguir promoviendo y contándole a nuestros compatriotas las ventajas de nuestro sector… y q desde las escuelas, colegios y universidades inculcar este modelo efectivo para mejorar la calidad de vida de nuestros cuidadanos… es la mejor forma de hacer patria!!!… vhrb

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